Ley 2573 de 2026
Ley 2573 de 2026

La suplantación de identidad puede generar consecuencias económicas y jurídicas para personas que nunca solicitaron un crédito, adquirieron un producto o contrataron un servicio. En estos casos, además de enfrentar cobros por obligaciones ajenas, la víctima puede resultar afectada por reportes negativos en Centrales de Riesgo, dificultades para acceder a financiación y trámites destinados a demostrar que no participó en la operación.
En Colombia, la Ley 2573 de 2026 establece medidas orientadas a proteger a las personas afectadas por estas conductas. La norma contempla obligaciones para las entidades financieras, los operadores de telecomunicaciones y otros establecimientos competentes, así como mecanismos relacionados con la suspensión de cobros y la corrección de información crediticia.
Su alcance resulta relevante porque aborda una situación frecuente: la atribución de una deuda a una persona cuyos datos fueron utilizados fraudulentamente. Sin embargo, la aplicación de estas medidas depende de las condiciones legales previstas para cada procedimiento y de la entrada en vigencia de las disposiciones correspondientes.
¿Qué es la Ley 2573 de 2026 y cuál es su finalidad?
La Ley 2573 de 2026 tiene como finalidad establecer medidas para proteger los derechos de las personas cuya identidad ha sido utilizada fraudulentamente, especialmente frente al cobro de obligaciones y los reportes negativos ante operadores de información.
El artículo 1 establece su objeto, mientras que el artículo 2 incorpora principios relacionados con el tratamiento de datos personales, entre ellos la seguridad, la veracidad de la información y la carga dinámica de la prueba.
Este último principio tiene especial importancia en los casos de suplantación. Las entidades que intervienen en la aprobación de productos y servicios se encuentran en mejores condiciones de conservar y aportar los documentos utilizados para autorizar una operación. Por ello, la ley contempla la obligación de entregar esa información, lo que permite contrastar con los documentos de la persona que desconoce la obligación.
La norma se relaciona con la Ley 1266 de 2008, que regula el Hábeas Data financiero, y con la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales. Su propósito es fortalecer la respuesta institucional ante el uso indebido de información personal.

¿Qué situaciones pueden constituir suplantación de identidad?
Los artículos 3 y 4 de la Ley 2573 contemplan la suplantación de identidad física y digital. Estas conductas pueden presentarse mediante el uso fraudulento de documentos de identificación, datos personales, tarjetas financieras o medios electrónicos, entre otros mecanismos.
Por ejemplo, una persona puede descubrir que una entidad financiera le atribuye un crédito digital que nunca solicitó. También puede recibir facturas por una línea telefónica abierta a su nombre sin autorización o encontrar un reporte negativo relacionado con una compra que realizó un tercero utilizando sus datos.
En situaciones de esta naturaleza, el análisis debe centrarse en determinar si la obligación fue adquirida realmente por el titular de la información y si la entidad cuenta con soportes suficientes para atribuírsela.
¿Qué obligaciones establece la Ley 2573 de 2026 para las entidades?
El artículo 5 de la Ley 2573 de 2026 establece obligaciones dirigidas a los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y crediticias y los establecimientos comerciales comprendidos en la norma.
Entre las medidas previstas se encuentran:
- Verificación de identidad: Adopción de medidas de seguridad digital y mecanismos razonables para comprobar la identidad de quienes solicitan productos o servicios.
- Atención de reclamaciones: Trámite de solicitudes y quejas presentadas por personas que manifiestan haber sido suplantadas, de acuerdo con los términos legales aplicables.
- Entrega de documentos: Suministro de copias de la información utilizada para aprobar el producto o servicio, cuando sean solicitadas por la persona presuntamente afectada.
- Marcación del reporte: Incorporación de la leyenda “víctima de falsedad personal” en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley.
- Medidas frente a operaciones fraudulentas: Suspensión de determinados bienes o servicios adquiridos fraudulentamente, conforme a las disposiciones aplicables.
- Protección de la información: Implementación de mecanismos destinados a reducir el riesgo de nuevas operaciones fraudulentas y de afectaciones derivadas del uso indebido de datos personales.
Estas obligaciones buscan que las entidades no se limiten a trasladar a la víctima la carga de demostrar lo ocurrido, sino que también examinen los documentos y registros que se encuentran bajo su control.
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¿Cómo se tramita una reclamación por suplantación de identidad?
El artículo 6 de la Ley 2573 de 2026 establece deberes para las personas afectadas, entre ellos informar a la entidad correspondiente, aportar elementos que permitan respaldar la reclamación y denunciar los hechos ante las autoridades competentes, según las circunstancias del caso.
Una reclamación documentada permite identificar la obligación discutida y solicitar que la entidad examine su origen. Para ello, pueden resultar relevantes los siguientes documentos:
- Copia del documento de identidad de la persona afectada.
- Extractos, facturas, comunicaciones de cobro o reportes que permitan identificar la obligación.
- Constancias de reclamaciones anteriores y respuestas emitidas por la entidad.
- Documentos que permitan advertir diferencias entre la identificación del titular y la utilizada para adquirir el producto o servicio.
- Copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, cuando corresponda.
- Cualquier otro soporte que contribuya a demostrar que la operación no fue autorizada por el titular.
La documentación debe permitir establecer, en la medida de lo posible, cuál es la obligación cuestionada, cuándo se conoció la situación y por qué existen razones para considerar que se produjo una suplantación.
Por ejemplo, si una persona recibe cobros por un crédito que desconoce, la reclamación puede incluir la identificación del crédito, los extractos disponibles, la solicitud de copia del expediente de aprobación y los elementos que evidencien las inconsistencias. La entidad deberá examinar la información pertinente conforme al régimen aplicable.
La presentación de una denuncia, por sí sola, no debe confundirse con una declaración definitiva de que la obligación es inexistente. La determinación de los hechos y las consecuencias jurídicas dependen de la valoración de las pruebas y de las reglas que gobiernan cada actuación.
¿Qué ocurre con los cobros y los intereses de una deuda fraudulenta?
La Ley 2573 contempla medidas específicas frente al cobro de obligaciones originadas en una presunta suplantación de identidad.
El artículo 8 de la Ley 2573 prevé la suspensión inmediata del cobro del bien o servicio, incluidos los intereses, gastos de cobranza y demás conceptos que se hayan generado, cuando se cumplan los supuestos establecidos en la norma y la persona afectada informe la situación conforme a las obligaciones legales correspondientes.
La finalidad de esta medida es evitar que continúen acumulándose consecuencias económicas mientras se examina si la obligación fue adquirida fraudulentamente.
No obstante, la suspensión de cobros no equivale automáticamente a la eliminación definitiva de la deuda. La ley contempla consecuencias diferentes según lo que se establezca durante el trámite correspondiente.
Si se acredita la suplantación, pueden proceder la exoneración de la obligación y la desvinculación de los cobros relacionados con el producto o servicio fraudulento, de acuerdo con las disposiciones aplicables. En cambio, si se determina que la persona sí adquirió la obligación, podrán reanudarse las actuaciones de cobro en los términos legalmente procedentes.
Por esa razón, resulta importante distinguir entre la reclamación inicial, la suspensión temporal de determinadas actuaciones y la decisión que establece si la obligación puede atribuirse jurídicamente al titular de los datos.
¿Cómo se corrige un reporte negativo en las centrales de riesgo?
El artículo 7 de la Ley 2573 de 2026 modifica las disposiciones sobre Hábeas Data financiero para incorporar reglas específicas relacionadas con los casos de suplantación.
De acuerdo con esta disposición, la persona que manifieste haber sido víctima de falsedad personal y a quien se le exija el pago de obligaciones derivadas de esa conducta puede solicitar la corrección ante la fuente de información, adjuntando los soportes correspondientes.
La fuente debe cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación con aquellos aportados por el titular. La norma contempla un término de diez días hábiles para realizar esa comparación y establece la obligación de solicitar la modificación de los datos negativos, la calificación crediticia y demás información que refleje que la víctima no fue quien adquirió la obligación, cuando se cumplan las condiciones previstas.
También se contempla la inclusión de la leyenda “víctima de falsedad personal”. Esta marcación no debe considerarse un reporte negativo ni utilizarse para disminuir la calificación de riesgo de la persona afectada.
El propósito es evitar que una conducta atribuible a un tercero continúe afectando injustificadamente el historial crediticio de quien fue suplantado.
¿Qué ocurre si la entidad no responde la reclamación?
La ley incorpora reglas sobre los términos de respuesta a las peticiones y reclamos relacionados con la información financiera y crediticia. El artículo 7 de la Ley 2573 de 2026 contempla un plazo general de (15) quince días hábiles, prorrogable por ocho días hábiles adicionales en las condiciones legales y establece consecuencias favorables para el solicitante cuando no existe respuesta oportuna, conforme a la disposición aplicable.
Además, según el caso, puede solicitarse la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de sus respectivas competencias.
La autoridad competente puede examinar el cumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento de datos personales y adoptar las medidas que correspondan. La elección de la vía de reclamación depende de la entidad involucrada, de la naturaleza de la controversia y de las actuaciones adelantadas previamente.
Por tanto, el análisis jurídico debe considerar tanto el origen de la obligación como la calidad de la información reportada, las respuestas de la entidad y los mecanismos disponibles para obtener la protección efectiva de los derechos comprometidos.
¿Cuándo entra en vigencia la Ley 2573 de 2026?
La Ley 2573 de 2026 de 2026 en su artículo 13 dispone que la ley entra en vigencia dentro de los seis meses siguientes a su promulgación, con excepción de los parágrafos primero y segundo del artículo 5, que rigen desde la promulgación.
Ley 2573 está fechada el 19 de mayo de 2026. En consecuencia, al 19 de octubre de 2026, el régimen general previsto en el artículo 13 de todavía se encuentra dentro del periodo establecido para su entrada en vigencia, sin perjuicio de las excepciones expresamente señaladas.
Esta distinción es importante: no todas las medidas contempladas en la Ley 2573 deben presentarse como obligaciones de aplicación general ya exigibles en esa fecha. Para cada caso, corresponde verificar la disposición invocada, su vigencia y las normas que resulten aplicables a la situación concreta.
Mientras tanto, las reclamaciones por suplantación pueden requerir el análisis de las disposiciones vigentes sobre Hábeas Data, protección de datos personales, derechos del consumidor y las actuaciones que correspondan ante las autoridades competentes.

Abogados especialistas en suplantación de identidad y deudas no reconocidas
En Roa & Sánchez Abogados brindamos asesoría jurídica especializada en asuntos relacionados con suplantación de identidad, obligaciones desconocidas y afectaciones al historial crediticio.
Nuestros servicios jurídicos incluyen:
- Estudio de documentos y antecedentes relacionados con la obligación discutida.
- Elaboración de reclamaciones ante entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales.
- Solicitudes de acceso a los documentos utilizados para aprobar productos o servicios.
- Análisis de solicitudes de corrección de información y reportes negativos.
- Evaluación de mecanismos administrativos y judiciales para la protección del hábeas data y los derechos de la persona afectada.
Cada caso requiere una revisión individual de los documentos, las fechas, las respuestas recibidas y las normas aplicables. Este examen permite determinar las alternativas jurídicas disponibles y establecer una estrategia acorde con lo dispuesto por la Ley 2573 a la luz de las circunstancias acreditadas.

