En Colombia, muchas personas y empresas desconocen que los antecedentes penales pueden afectar su acceso a servicios financieros, contratación con entidades privadas y participación en negocios, especialmente debido a la aplicación del SARLAFT. Aunque los antecedentes penales no implican automáticamente una sanción o exclusión, sí pueden generar alertas en el sistema de cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera.

Aunque el SARLAFT cumple una función legítima en la prevención de delitos económicos, no puede ser utilizado como herramienta de exclusión indiscriminada. Las personas con antecedentes penales tienen derechos, y su información debe ser tratada conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

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¿Qué es el SARLAFT y por qué es obligatorio?

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es el conjunto de políticas, procedimientos y herramientas adoptadas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados como instrumentos para el lavado de activos (LA) o la financiación del terrorismo (FT). El sistema fue diseñado conforme a estándares internacionales, especialmente los emitidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Este sistema está regulado en el Capítulo IV del Título IV de la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera (Circular Externa 029 de 2014 y sus modificaciones), y obliga a las empresas del sector financiero, asegurador, cooperativo, fiduciario e incluso a agentes inmobiliarios y del sector real a:

• Implementar mecanismos de conocimiento del cliente (KYC, Know Your Customer).
• Consultar listas restrictivas de personas naturales o jurídicas.
• Evaluar el perfil transaccional y financiero de sus clientes.
• Clasificar el riesgo de operaciones o usuarios.
• Reportar operaciones sospechosas a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
• Entre otros.

¿Cómo se vinculan los antecedentes penales con el SARLAFT?

Las entidades que aplican SARLAFT tienen el deber de verificar el perfil de sus usuarios. Entre los factores que examinan están los antecedentes penales, fiscales o disciplinarios que puedan generar un mayor riesgo reputacional o legal. Esta verificación se realiza a través de bases de datos públicas (como la Policía Nacional, la Rama Judicial o el SPOA) y privadas.

Tener antecedentes penales no significa automáticamente que una persona sea excluida de servicios o que se le niegue una relación contractual, pero sí eleva su clasificación como usuario de riesgo alto. Esto conlleva consecuencias como:

• Solicitudes adicionales de documentación y soportes.
• Demoras en la vinculación o renovación de productos financieros.
• Monitoreo reforzado de las operaciones del cliente.
• En algunos casos, cancelación de cuentas, contratos o relaciones comerciales.

¿Qué tipo de antecedentes penales generan mayor impacto en la apertura de productos financieros?

Los delitos que con mayor frecuencia generan alertas dentro del SARLAFT son:

• Lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
• Narcotráfico y delitos conexos.
• Financiación del terrorismo.
• Delitos contra la administración pública (corrupción, peculado, cohecho).
• Fraudes financieros y delitos tributarios.

Vale la pena aclarar que también otros antecedentes penales también pueden ser evaluados (…), los que se mencionaron anteriormente son los que más afectan la decisión de vinculación o permanencia de un cliente dentro del sistema financiero en Colombia.

¿Qué garantías tiene una persona con antecedentes penales?

Desde el punto de vista constitucional, toda persona tiene derecho al debido proceso, al buen nombre, a la presunción de inocencia y al acceso a servicios básicos, incluyendo los financieros. Por tanto:

• Si la persona ya cumplió su condena y sus antecedentes fueron eliminados del sistema, no puede ser discriminada por ese hecho.
• Si la condena fue suspendida, redimida o extinguida, las entidades deben verificar esta información antes de tomar una medida adversa.
• Las decisiones de las entidades financieras deben ser motivadas, razonables y proporcionales. No basta con citar “riesgo reputacional” sin análisis individualizado.
• Las personas pueden exigir la actualización o supresión de su información judicial, cuando esta no refleje la realidad procesal actual.

¿Cuándo se vulneran los derechos fundamentales?

La Corte Constitucional ha señalado que el SARLAFT no puede convertirse en un mecanismo arbitrario de exclusión o sanción social. Si una persona es retirada de un sistema financiero sin previo aviso, sin explicaciones claras, o sin oportunidad de defensa, puede haber una vulneración del debido proceso y el derecho al mínimo vital (por ejemplo, si se le congela una cuenta sin justificación).

En esos casos, es procedente la acción de tutela, especialmente cuando la medida afecta la subsistencia, el buen nombre o el acceso a un servicio esencial. También puede interponerse una acción de hábeas data si la información penal está siendo usada indebidamente o no se ha actualizado.

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Sobre la Sentencia T-113 de 2025

La Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia resolvió el caso de un ciudadano a quien varias entidades financieras (Bancolombia, Nequi y Davivienda) le negaron la apertura de una cuenta de ahorros debido a sus antecedentes penales, a pesar de que ya había cumplido su condena. El ciudadano, buscando reinsertarse laboralmente como consultor independiente, alegó que esta negativa vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y al debido proceso. La Corte analizó el caso y determinó que el simple hecho de tener antecedentes penales no puede justificar automáticamente la exclusión de servicios financieros.

La Corte Constitucional concluyó que las entidades financieras vulneraron los derechos del accionante al aplicar políticas internas (SARLAFT) de manera desproporcionada, sin un análisis individualizado del riesgo real que representaba. Reiteró que el acceso al sistema financiero es un servicio de interés público y no puede ser restringido injustificadamente. La Corte ordenó a las entidades revisar su decisión, permitir la apertura de la cuenta si el solicitante aún estaba interesado y adecuar sus políticas para evitar prácticas discriminatorias basadas exclusivamente en antecedentes judiciales.

Finalmente, la Corte impartió órdenes estructurales a la Superintendencia Financiera para que, en un plazo de noventa días, expidiera lineamientos claros que armonicen la prevención de riesgos de lavado de activos con la protección de los derechos fundamentales. La decisión refuerza el principio de rehabilitación y no discriminación, recordando que haber cumplido una condena no debe convertirse en un obstáculo perpetuo para el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las personas.

¿Qué hacer si una entidad crediticia o financiera lo rechaza por tener antecedentes penales?

1. Solicitar por escrito los motivos de la decisión, incluyendo el soporte jurídico y técnico.
2. Ejercer el derecho de petición, exigiendo que se evalúe individualmente su situación jurídica actual.
3. Aportar certificados de antecedentes judiciales, constancias de cancelación de antecedentes o sentencias judiciales que demuestren su situación actual.
4. Interponer acción de tutela, si la decisión ha afectado derechos fundamentales.
5. Acudir a un abogado especialista en protección de derechos fundamentales y derecho financiero.

Abogados Especialistas en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

Si has sido afectado por decisiones arbitrarias relacionadas con el SARLAFT y te han negado el derecho a solicitar o aperturar servicios financieros, asesórate con un abogado especialista. En Roa & Sánchez Abogados te ofrecemos una defensa legal integral para proteger tu dignidad, tu nombre y tus oportunidades.

Nuestros servicios jurídicos incluyen:

• Acompañamiento en el proceso de depuración o actualización de antecedentes.
• Ejercicio del derecho de petición y hábeas data ante entidades públicas y privadas.
• Defensa en acciones de tutela contra decisiones arbitrarias de bancos o plataformas.
• Asesoría preventiva para empresarios y emprendedores que son sujetos obligados del SARLAFT.

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