Por primera vez Colombia tiene la posibilidad de reconstruir el tejido social y de darle a las mujeres cabeza de familia condenadas a pena de prisión, una nueva oportunidad de restaurar a través del servicio a la comunidad.  

Es por ello que el Ministerio de Justicia señala que la Ley de utilidad pública beneficiará a estas mujeres para que puedan cumplir su pena a través de actividades que restauren a la comunidad. Es decir, que con esta Ley de utilidad pública lo que se busca es descongestionar las cárceles, pero que además muchas mujeres privadas de la libertad tengan actividades reales para compensar a la sociedad.  

¿Qué es y en qué consiste la Ley de utilidad pública?

La Ley 2292 de 2023 creó una medida de sustitución de la pena de prisión para mujeres condenadas que sean cabeza de familia. Esto quiere decir que aquellas mujeres privadas de la libertad que cumplan con ciertas condiciones, que no tengan delitos graves y que demuestren un arraigo familiar puedan beneficiarse de su salida, a cambio de prestar un servicio comunitario no remunerado entre 5 a 20 horas máximo de lunes a viernes. Asimismo, tendrán que presentar proyectos comunitarios, huertas comunitarias, conservación del medio ambiente y la promoción a la convivencia. 

La Ley de Utilidad Pública es la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, en donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño.

¿Qué significa un servicio de utilidad pública?

Este servicio comunitario se implementa como una forma de sanción penal que las mujeres beneficiarias cumplen en libertad. Estos servicios tienen como objetivo generar un impacto positivo en las comunidades, contribuyendo a la restauración del daño causado por el delito. Al mismo tiempo, permite a las mujeres beneficiarias trabajar, estudiar y cumplir con sus responsabilidades familiares como cabeza de familia. En general, este mecanismo ayuda en el proceso de resocialización, promueve la inclusión social y fomenta la responsabilidad de las mujeres por el delito cometido.

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¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La ley dispone que, tras la evaluación y aprobación del juez de conocimiento o juez de ejecución  de penas y medidas de seguridad, podrán acceder a este beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mujer cabeza de familia.
2. Estar condenada por delitos relacionados con hurto, hurto calificado o estupefaciente; o que su condena no exceda los ocho años de prisión.
3. Otros delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión
4. Haber cometido el delito en condiciones de marginalidad. 
5. No tener antecedentes penales, salvo que estos sean relacionados con los delitos de  hurto o del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
6. No estar condenada por el delito de uso de menores, ni por delito de violencia intrafamiliar.

¿Qué significa mujer cabeza de familia?

Según la Corte Constitucional los presupuestos jurisprudenciales para acreditar la condición de mujer cabeza de familia son aquellas mujeres que ejercen la jefatura femenina, es decir que tengan a su cargo, afectiva, económica, o socialmente, en forma permanente la responsabilidad de hijos menores de 18 años u otras  personas incapaces o incapacitadas para trabajar. Es decir, que esa responsabilidad sea de carácter permanente y no cuente con la ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

¿Se recibirán compensaciones por los servicios comunitarios establecidos en la ley? 

No. Sin embargo, las mujeres pueden acceder a todo tipos de subsidios o tener un empleo. De hecho, si una mujer beneficiaria de esta ley trabaja o estudia, podrá ajustar los horarios del servicio para que no coincidan con sus actividades. En resumen, los servicios comunitarios no deben interrumpir las jornadas laborales ni educativas de la mujer.

¿Hay un límite de horas para los servicios comunitarios?

Sí, el mínimo semanal es de cinco (5) horas y el máximo es de veinte (20) horas semanales. Sin embargo, no se puede exceder las ocho (8) horas diarias.

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el servicio de utilidad pública?

Si el incumplimiento es injustificado, el juez puede revocar la medida de sustitución y la mujer podría ser privada nuevamente de su libertad. Además, es importante considerar que si una mujer reincide o no cumple con otra obligación impuesta por el juez, también podría revocarse la medida.

Esta ley está dirigida a las mujeres que ejercen la jefatura del hogar  y tienen bajo su carga afectiva, económica y socialmente  de manera permanente hijos menores, o personas en condición de discapacidad  permanente o un adulto mayor y que cometieron el delito en condiciones de marginalidad. 

Ten en cuenta que las únicas autoridades competentes para otorgar el beneficio son los Jueces de la República. 

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Abogados especialistas en Derecho Penal

En Roa & Sánchez Abogados, valoramos la oportunidad que brinda la Ley 2292 de 2023 para la resocialización de mujeres cabeza de familia condenadas a prisión. Esta ley permite que, en lugar de estar privadas de la libertad, puedan cumplir sus penas a través de servicios comunitarios, beneficiando tanto a ellas como a sus comunidades.

Como especialistas en derecho penal, en Roa & Sánchez Abogados estamos comprometidos en guiar y apoyar a nuestras clientes para que accedan a estos beneficios. Nuestro objetivo es facilitar su reintegración social y asegurar que puedan cumplir con sus responsabilidades familiares y laborales mientras contribuyen positivamente a la sociedad. Estamos aquí para defender sus derechos y garantizar que cada etapa del proceso penal sea justo y beneficioso.

Si estás en la búsqueda de un abogado especialista en Derecho Penal y quieres beneficiarte de la Ley de Utilidad Pública, no dudes en contactarnos para que uno de nuestros abogados especialistas te brinde la asesoría y la representación legal que necesitas.