En Colombia, el derecho al debido proceso no es solo un principio jurídico, sino una garantía constitucional fundamental que protege a todas las personas frente al poder del Estado. Está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y se aplica en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas, sin importar la naturaleza del caso ni la condición del ciudadano.

¿ En qué consiste el derecho al debido proceso?

El debido proceso garantiza que toda persona tenga derecho a:

• Ser juzgada por un juez competente, imparcial e independiente.
• Conocer previamente los cargos o hechos que se le imputan.
• Presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.
• Contar con una defensa técnica adecuada.
• No ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
• Ser presumida inocente mientras no se demuestre lo contrario.
• Acceder a los recursos legales que le permitan controvertir una decisión.

Estas garantías no son opcionales. Son mandatos constitucionales y estándares internacionales que buscan evitar arbitrariedades y asegurar decisiones justas.

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¿Quién puede invocar el debido proceso?

¡Cualquier persona puede hacerlo! Desde alguien vinculado a un proceso penal, hasta un ciudadano sancionado por una entidad estatal o una empresa que enfrenta una decisión administrativa. El derecho al debido proceso aplica en procesos civiles, laborales, disciplinarios, fiscales, administrativos y penales.

¿Qué hacer si se vulnera el derecho al debido proceso?

Cuando una autoridad pública vulnera el derecho al debido proceso, el afectado puede interponer una acción de tutela, mecanismo constitucional que permite exigir la protección inmediata de este derecho, especialmente cuando no existen otros medios judiciales eficaces.

Etapas del debido proceso en Colombia

Aunque puede variar según el tipo de proceso (penal, civil, disciplinario, administrativo, etc.), en términos generales el debido proceso sigue estas etapas fundamentales:

1. Inicio o apertura del proceso: Se determina si existe mérito para iniciar un proceso. Se debe informar al involucrado que está siendo investigado o procesado.
2. Notificación y derecho a ser informado: La persona tiene derecho a ser debidamente notificada sobre el proceso en su contra. Se le deben explicar claramente los hechos, cargos o acusaciones.
3. Derecho a la defensa: El involucrado puede presentar pruebas, alegaciones y argumentos. Tiene derecho a una defensa técnica con un abogado especialista. 
4. Pruebas y contradicción: Las pruebas deben ser legales, pertinentes y obtenidas sin vulnerar derechos. Ambas partes deben tener oportunidad de conocerlas, controvertirlas o complementarlas.
5. Decisión fundamentada: La decisión debe ser tomada por una autoridad competente, imparcial e independiente. Debe basarse únicamente en las pruebas y argumentos presentados. Toda decisión debe estar debidamente motivada y justificada.
6. Recursos y revisión: La persona tiene derecho a interponer recursos (apelación, reposición, etc.). Asimismo puede acudir a mecanismos como la acción de tutela si se vulneran sus derechos.
7. Ejecución con garantías: La ejecución de la decisión, ya sea sentencia, sanción, medida, debe hacerse respetando la legalidad y proporcionalidad, sin afectar otros derechos fundamentales.

*En el proceso penal: comienza con la indagación preliminar o la denuncia formal.

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¿Cuáles son los principios transversales del debido proceso?

• Presunción de inocencia (en procesos sancionatorios y penales).
  
• Legalidad del proceso.
  
• Publicidad: dar a conocer oficialmente hechos, actos, contratos o decisiones que interesan
  
• Igualdad procesal.
  
• Derecho a la doble instancia (en la mayoría de los casos).

Ejemplo práctico sobre un caso de vulneración del derecho al debido proceso

Carlos Sarmiento, un empresario del sector salud, fue sancionado por una entidad pública con una multa millonaria. La situación radica en que nunca se le notificó del proceso que tenía en curso, ni tampoco tuvo la oportunidad de buscar ayuda profesional de un abogado especialista. Seguidamente, se enteró de la decisión cuando ya estaba ejecutoriada. Su reputación quedó afectada y su negocio en riesgo. 

En este caso, nos encontramos frente a una vulneración del derecho al debido proceso de Carlos. Mediante una acción de Tutela se puede anular la sanción garantizando el cumplimiento de su derecho al debido proceso.

Somos abogados especialistas en Derecho Constitucional

En Roa & Sánchez Abogados estamos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso. Asesoramos y representamos a personas naturales y empresas en procesos judiciales y administrativos, garantizando que cada actuación sea transparente, legal y respetuosa, según las garantías constitucionales.

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