Conforme el artículo 2491 del Código Civil, la acción pauliana es una herramienta legal que permite a los acreedores impugnar y revocar negocios jurídicos realizados por su deudor que disminuyen su patrimonio en perjuicio de sus derechos crediticios.

Esto significa que la acción pauliana procede cuando es evidente la maniobra del deudor para declararse insolvente, haciendo contratos que disminuyan su patrimonio, ya sea vendiendo sus bienes o entregándolos en permuta , donación, etc.

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¿Cuáles son los requisitos de la Acción Pauliana?

Para que la acción pauliana sea procedente, deben concurrir los siguientes elementos:

1. Existencia de un crédito: El acreedor debe demostrar, mediante documentos o pruebas idóneas, que tiene un derecho de crédito exigible contra el deudor. Esto puede demostrarse con contratos, pagarés, facturas, sentencias o cualquier otro título que justifique la deuda.
2. Acción del deudor: El deudor debe haber realizado un acto que implique la enajenación o gravamen de sus bienes (venta, donación, cesión, etc.), afectando su capacidad para satisfacer las obligaciones crediticias con sus acreedores.​ Para ello, el acreedor debe aportar pruebas como escrituras públicas, contratos de compraventa, registros de propiedad o cualquier otro documento que evidencie la transacción.
3. Perjuicio al acreedor: Es necesario que el acto realizado por el deudor cause o agrave su insolvencia, dificultando o imposibilitando el cobro de la deuda por parte del acreedor. Esto se puede demostrar mediante informes contables, declaraciones juradas o cualquier otro medio que evidencie que, tras la operación, el deudor quedó sin bienes suficientes para responder a sus obligaciones crediticias.
4. Intención fraudulenta: Debe evidenciarse que el deudor actuó con la intención de defraudar a sus acreedores. En actos a título oneroso donde haya una ganancia económica, se requiere además que el tercero adquirente haya actuado de mala fe; es decir, con conocimiento del perjuicio que el acto causaría a los acreedores. “La mala fe” puede demostrarse con indicios como la relación entre el deudor y el adquirente, el precio irrisorio de la venta o la proximidad del acto con la existencia del crédito.

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¿Cuál es el procedimiento para interponer una acción pauliana?

1. Presentación de la demanda: El acreedor debe interponer la acción pauliana mediante una demanda ante el juez ordinario civil, identificando al deudor, la obligación crediticia y al tercero adquirente como demandados.
2. Etapa probatoria: Una vez admitida la demanda, se abre el proceso a pruebas, donde el acreedor debe demostrar los elementos mencionados anteriormente.
3. Sentencia: Si el juez civil encuentra probado el fraude, declarará la ineficacia del negocio jurídico respecto al acreedor demandante, permitiéndole revocar los bienes del deudor, para que regresen a su patrimonio y pueda satisfacer las obligaciones crediticias.

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Diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación

Aunque ambas acciones buscan proteger los derechos de los acreedores, presentan diferencias fundamentales:​

• Acción pauliana: Se dirige contra actos reales y efectivos realizados por el deudor que perjudican a los acreedores. Busca la revocación de dichos actos para reintegrar los bienes al patrimonio del deudor y poder cobrar la deuda.
• Acción de simulación: Pretende demostrar que un acto jurídico es aparente o ficticio; es decir, que las partes involucradas han declarado una voluntad que no corresponde con la real intención, ocultando la verdadera naturaleza del negocio, pero sin la intención de defraudar a los acreedores.

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Prescripción de la Acción Pauliana

La acción pauliana no es indefinida; está sujeta a un término de prescripción. Según el artículo 2491 del Código Civil, el plazo para ejercer la acción pauliana es de un año contado desde la fecha en que se realizó el negocio jurídico o contrato entre el deudor y un tercero.

Es importante que los acreedores actúen con rapidez, ya que una vez vencido el plazo de prescripción, pierden la posibilidad de revocar el acto fraudulento y recuperar los bienes que el deudor haya transferido en perjuicio de su derecho crediticio.

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